Vendían una hacha neolítica por internet.
Ofrecían puntas de flecha, huevos de dinosaurio, fósiles, pulseras
neolíticas, libros, partituras antiguas... “Y lo que no tenga te lo
encuentro”, remataba el anuncio. El hacha llamó la atención de un arqueólogo, que alertó a los Mossos.
La Unitat Central de Patrimoni Històric de la policía detuvo este verano a dos hermanos que vendían a sus anchas por internet las piezas que robaban en yacimientos.
La magnitud del expolio era tal que los agentes han
solicitado para ellos una medida pionera: una orden de alejamiento de
los yacimientos que saquearon. Este es sólo uno de los 25 casos contra
el patrimonio que los Mossos han abierto este año, a los que hay que
sumar otros 27 expedientes tramitados y 12 casos más cerrados.
Para llevarse la impresionante colección que habían
acumulado estos dos hermanos en su casa de Amer (Girona), los agentes
–que nunca habían visto tal cantidad de material expoliado junto–
llenaron tres furgonetas. Las piezas han quedado depositadas en la sede
de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) donde tres
especialistas las están analizando.
“Aunque también falsificaban, nos ha sorprendido
enormemente la dimensión casi industrial del expolio”, afirma el
director del MAC, Josep Manuel Rueda.
Los dos hermanos, de 29 y 35 años y a quienes ahora se
investiga por un delito continuado de estafa y contra el patrimonio
histórico, han declarado que vendían piezas desde 2011, que cada año
doblaban beneficios y valoraron su colección en más de 80.000 euros.
Bautizado como Isurus, este caso ilustra la facilidad con
la que estos piratas de la arqueología han accedido al mercado a través
de internet y la laboriosidad que supone para los investigadores
deshacer el entramado virtual e identificar a todos los implicados en el
proceso. “Estábamos acostumbrados a detectar las piezas en anticuarios,
en subastas... donde se revisan catálogos y hay mecanismos de
control... Los decomisos estaban bastante estabilizados antes de este
caso... Lo que sorprende es que llevasen tantos años vendiendo sin ser
detectados”, añade Rueda.
Los canales se han ampliado. Muchas ventas se han
desplazado a la red, que ofrece menos control y donde es más fácil,
tanto para el vendedor como para el comprador, permanecer en el
anonimato.
“La mayoría de denuncias nos llegan porque a alguien le ha
llamado la atención alguna pieza o comentario que ha visto en ciertos
foros o páginas web”, explica José Luís González, jefe de la Unidad
Central de Patrimoni Històric de los Mossos. Algunos portales están más
“especializados”, pero los hay de todo tipo: “Hemos visto incluso en
Wallapop, ánforas romanas a la venta”, añade Pere Canal, jefe de equipo
de la Unitat.
Perseguir a los expoliadores –tanto si se mueven en el
mercado virtual como en el tradicional– implica minuciosas
investigaciones en la que los Mossos a menudo recorren a especialistas:
desde informáticos para seguir el rastro digital, a expertos e
historiadores del arte para determinar si las obras son auténticas o
falsas, para identificar el yacimiento exacto de donde fue robada una
pieza... También se tramitan permisos judiciales para intervenir
teléfonos y líneas de ADSL.
En algunos casos, para sorprender al pirata en
acción, incluso se han hecho seguimientos en helicóptero. El último fue
hace unas semanas. “Normalmente no se puede seguir al expoliador hasta
un yacimiento en medio del campo... sería demasiado evidente”, añade
Canal.
“No hay un perfil específico de expoliador, suelen ser
hombres de entre cincuenta y sesenta años; en la gran mayoría de casos
son coleccionistas pero también los hay que roban exclusivamente para
vender”, explica González.
En el caso Usiris, los dos hermanos, eran verdaderos
profesionales. Un de ellos, geólogo, hizo su trabajo de final de máster
sobre las hachas neolíticas, la pieza que ha hecho saltar por los aires
su montaje. Conocían tan bien los objetos que funcionaban en el mercado
que llegaron a fabricar ellos mismos algunas piezas. También compraban
objetos etnológicos africanos modernos, como brazaletes, y los vendían
como piezas neolíticas de Catalunya.
“La gente no tiene asumido que lo que está bajo tierra,
aunque sea en un terreno de propiedad privada, es de dominio público,
por ley es de la Administración”, insiste Canal.
En el caso de Amer, tanto el Departament de Cultura de la
Generalitat, como el ministerio de Cultura de Andorra (que investigaba
el expolio en algunos de sus yacimientos) presentaron denuncia y la
Fiscalía de Girona abrió la investigación, que comenzó hace un año,
desembocó en la detención de los dos hermanos a finales del pasado
verano y que ahora está a punto de culminar con el análisis de toda la
información incautada, especialmente la que guardaban en sus
ordenadores.
Además de las piezas arqueológicas, los Mossos se llevaron
del piso de Amer los detectores de metales de los dos investigados. “No
todos los propietarios de detectores son expoliadores, pero todos los
expoliadores tienen detectores”, afirma el jefe de la unidad.
En el almacén de la comisaría central de los Mossos, además
de otras obras de arte falsificadas, hay media docena de detectores.
“Esta herramienta es como el cuchillo más afilado: puede servir para
preparar un sushi fantástico o para cometer un asesinato”, mantiene el
arqueólogo Roger Sala, especializado en geofísica arqueológica.
“Cualquier intervención que se hace en un yacimiento es destructiva, por
eso los científicos documentamos todo lo que encontramos y por eso
tendría que restringirse el uso de los detectores y utilizarlos sólo
para la ciencia y con un proyecto de lo que se va a hacer”, opina Sala.
Los expoliadores barren el terreno con su detector –los más
sofisticados discriminan distintos tipos de metales– y cuando la
máquina se activa hacen un agujero para sacar la pieza en cuestión, que
puede ser una moneda, un clavo de bronce o algo sin ningún tipo de
valor... “Cada vez que cavan un agujero provocan daños en el yacimiento,
se pierde el contexto y mucha información, que muchas veces es más
valiosa para el estudioso que el objeto en sí”, explica Pere Canal.
Precisamente, un vecino de Ulldecona descubrió este verano
varios agujeros en el yacimiento íbero de Ulldecona, tras lo cual el
Ayuntamiento presentó una denuncia por expolio. En este caso, los
agujeros, de hasta un metro de profundidad, causaron importantes daños
al yacimiento. Tras desplegar un operativo de vigilancia, se descubrió
in franganti al autor del expolio, un hombre de 43 años que pasó a
disposición judicial en septiembre y quedó en libertad con cargos.
“El problema no es el detector, sino cómo se utiliza; y
sólo hay dos posibilidades para solucionar el problema: prohibirlos o
regular su uso a través de licencias. Y si se sorprende a alguien
actuando sin licencia, multarlo”, mantiene Pierre Astor, arqueólogo y
presidente de la Asociación de Detectoristes de Catalunya (ADC).
Astor promovió la creación de esta entidad –está prohibido
buscar en yacimientos, pero no en playas o caminos– en 2012 para mejorar
la imagen del colectivo. Lo primero que hicieron es redactar un código
ético para diferenciar la “detecto-afición” del expolio. Ahora son 120
socios, “un 60% se han incorporado en los dos últimos años y calculamos
que representamos al 40% de los detectoristas de Catalunya”, explica. En
otras comunidades autónomas, como Andalucía, se ha prohibido el uso de
los detectores tras registrarse, durante décadas, verdaderos saqueos en
yacimientos, con retroexcavadoras incluidas.
La ADC ha promovido numerosas actividades para
mejorar su imagen, han mantenido reuniones con representantes de cultura
y patrimonio e incluso han organizado una jornada de formación para los
agentes forestales que también tienen competencias en la protección del
patrimonio. La asociación se ofrece para colaborar en excavaciones
arqueológicas. Ya han participado en campañas. “Ahora hay un vacío legal
y tenemos la oportunidad de regular la situación”, insiste Astor,
partidario de sistematizar y compartir con la comunidad científica la
información de que disponen muchos de sus socios.
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